ÁNGEL ROBLES

LA inauguración el pasado viernes de la Casa de la Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo es una buena noticia, como lo sería la apertura de cualquier infraestructura pública que mejore la calidad de vida de los vecinos. Pero el hecho de que hayan tenido que pasar 17 años para que el edificio peñarriblense haya abierto sus puertas mengua el optimismo inicial. Fue en 1996 cuando Rafael Romero cedió al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo un edificio para la construcción del edificio cultural. En el mandato de 1999-2003, con IU en el Consistorio, se consiguió la financiación para la primera y la segunda fases: en la primera se invirtieron unos 180.000 euros y en la segunda casi 500.000 a través de planes provinciales. En 2006, ya con el PSOE en el Consistorio, se firmó un convenio con la Junta y la Diputación para financiar las obras dentro del programa de espacios escénicos, por valor de 1,2 millones de euros. Las obras comenzaron en 2001 y se prolongaron hasta 2011.

Se han sucedido tres alcaldías de diferente signo político y más de tres lustros hasta que los peñarriblenses han visto en funcionamiento la infraestructura, lo que no deja en muy buen lugar la eficacia y el cálculo de los gestores públicos que han participado a lo largo de los años en este proyecto.

Es un caso llamativo, pero no el único de uno de esos proyectos que se enquistan en las agendas de los ayuntamientos y ante los que las generaciones pasan sin ver una solución. Hay muchos, de norte a sur de la provincia, y de este a oeste. Basta con bucear un poco en la hemeroteca. Está la Ronda Norte de Montilla, por ejemplo, esa vía de comunicación que debía circunvalar el casco urbano desde la carretera de Espejo hasta la N-331 y de la que, hasta el momento, sólo se ha construido una primera fase, de un par de kilómetros. Tras años de estudios, los primeros trabajos se adjudicaron el 12 de febrero de 2009 por valor de 2,3 millones. En enero, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) comunicó al Consistorio que en el plazo cercano al mes (para marzo) finalizarían las actuaciones de este primer tramo, una vez resueltos el problema de unos drenajes. Y lo cierto es que la carretera continúa cerrada: la nueva fecha aproximada de apertura es final de año.

En el norte de la provincia, los vecinos de Pozoblanco tampoco han tenido mucha suerte con la carretera llamada popularmente del Iryda, que abrió al tráfico a principios de octubre tras diez años de trámites y paralizaciones. Fue en noviembre de 2004 cuando la Junta anunció el inicio de las obras de acondicionamiento de la A-435 a la intersección con la N-502, pero no fue hasta el 7 de octubre cuando la Consejería de Fomento y Vivienda abrió la carretera, que evita el paso por Alcaracejos para poder llegar a Pozoblanco y disminuye el viaje a Córdoba capital en unos diez minutos.

Hay iniciativas que, aunque lanzadas a bombo y platillo, ni siquiera logran dar sus primeros pasos. Uno de los casos más significativos es el centro sociosanitario de Lucena. El Ayuntamiento lucentino puso el pasado mayo la puntilla al proyecto después de años de espera al revocar la concesión del uso privativo de la parcela que le entregó a la empresa adjudicataria en enero de 2011 para la construcción, gestión y explotación del centro residencial y de estancias diurnas. El sociosanitario era una reivindicación histórica de la localidad. Impulsado por una plataforma ciudadana que logró poner de acuerdo a 20.000 vecinos y a todos los grupos políticos, arrancó un compromiso de las instituciones. Los terrenos se cedieron en enero de 2011, pero desde entonces no se puso ni una sola piedra. Tan sólo se hicieron los accesos, gracias a los fondos anticrisis que en su momento aportó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nada más.

Poco o nada se ha avanzado desde su planteamiento en otro proyecto estrella del sur de la provincia: el Parque Agroalimentario de Aguilar de la Frontera. El objetivo de esta iniciativa era poner a disposición de empresas del sector agroalimentario y auxiliares un suelo de calidad y con los últimos avances tecnológicos para su ubicación, además de prestar servicios avanzados, tanto a las firmas alojadas en el recinto como a las de su ámbito de influencia, que ayuden a impulsar el crecimiento de la industria agroalimentaria andaluza. Sólo la urbanización de los terrenos suponía una inversión de 6,6 millones de euros, un dinero que nunca se consiguió reunir. En mayo, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía acordaban reducir el proyecto a unas dimensiones más reales acordes a la actual situación económica, aunque su futuro aún no se ha despejado del todo.