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Desde 1999, la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía y los Registrados de la Propiedad de Andalucía venían suscribiendo un convenio que permitía, mediante las oficinas liquidadoras, la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para las zonas rurales, aquéllas eran el principal contacto con la administración pública ya que la atención al cliente era presencial, mucho más útil para solucionar cualquier tipo de consulta.

Sin embargo, y tras la implantación de un nuevo sistema por parte de la Junta de Andalucía, de las 16 oficinas liquidadoras existentes en Córdoba y provincia, 13 han dejado de ofrecer este servicio y los vecinos de todas las localidades tendrán que trasladarse hasta Córdoba, Priego o Posadas para poder presentar estos impuestos. Según ha podido conocer este periódico, la Agencia Tributaria de la Junta denunció el convenio que regulaba este servicio y solicitó que se dejara sin efectos a 31 de diciembre, tal y como ha ocurrido. El argumento esgrimido por el Gobierno andaluz es el de viajar hacia una administración totalmente electrónica, un deseo realmente complicado en pequeñas zonas rurales.

En base a ello, las oficinas que han dejado de ofrecer este servicio son las Aguilar, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Lucena, Montilla, Montoro, Pozoblanco, La Rambla y Rute. A partir de ahora, su función será únicamente la de recepción de documentos o la de informar, aunque no de temática tributaria ya que desaparece de dichas oficinas la figura del liquidador. Además, se ha impuesto un cupo máximo de citas que debe solicitarse previamente por vía telemática en una plataforma habilitada para ello. Desaparece, de esta forma, la asistencia personalizada y la entrega de documentación física.

El acuerdo suscrito sostiene, además, que en las tres oficinas que sí continúan prestando servicio no se liquidarán los tres impuestos en su conjunto. Para el de Sucesiones y Donaciones, los trámites sólo se realizarán presencialmente en Córdoba mientras que los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sí podrán liquidarse en Posadas o Priego.

Antes de la firma de este acuerdo entre la Junta y los Registradores de la Propiedad de Andalucía -que se produjo el pasado 2 de enero-, estos profesionales solicitaron al Gobierno autonómico la implantación de un régimen transitorio para facilitar a los vecinos de las zonas rurales un cambio más paulatino dadas las reducidas capacidades digitales de buena parte de esa población. Dicha petición fue denegada.

Asimismo, los Registradores de la Propiedad de Andalucía (tanto oriental como occidental) solicitaron el mantenimiento de los puestos de trabajo dado que muchas de las personas que actuaban como liquidadores hasta el pasado 31 de diciembre eran personal adscrito a la Junta de Andalucía. Sin embargo, se desconoce a cuántos trabajadores afectará esta medida. En este sentido, CSIF ya denunció en noviembre que los trabajadores no fueron llamados a la mesa de negociación y apuntó que la renovación de dicho convenio repercutiría a 400 familias.

Fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía han señalado a este periódico que todo responde a una “reorganización de las tareas y a un ordenamiento interno” y niegan que este nuevo acuerdo repercuta en los usuarios. A este respecto, Registradores de la Propiedad consultados por este medio han alarmado de la “inseguridad jurídica total y absoluta a la que se somete a los vecinos de la provincia”, una situación que “les puede llevar a cometer errores en la conformación del impuesto y la consecuente sanción”.

Cordópolis.