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Durante estos días se ha escuchado y se ha leído muchísimo sobre los remanentes municipales a raíz de un acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda. Este acuerdo irá la semana que viene al Congreso de los Diputados en forma de decreto ley, aunque todo apunta a que no saldrá adelante.

Explicado de forma muy simple: los ayuntamientos dan al Estado sus remanentes y el Estado les adelanta una parte. No se puede olvidar que si las entidades locales no pueden disponer ahora de ese dinero es por la ley de estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, aprobada por el PP. Esos remanentes que han conseguido los consistorios y diputaciones los retiene el Estado (por la ley Montoro) y no se pueden usar incluso aunque haya superávit.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda explican que las entidades locales de todo el país, al cierre de 2019, tenían unos 14.852 millones depositados en los bancos que les están cobrando unos 70 millones en intereses negativos. Además, ese importe es prácticamente indisponible, según la ya nombrada ley de estabilidad presupuestaria, que lleva vigente desde 2012.

Y tras todo esto, ¿en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera?

Pues, según un estudio de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el Ayuntamiento de Aguilar podría acumular un remanente de cerca de 12 millones de euros que se encuentran depositados en los bancos. Por ese dinero inmovilizado, el Ayuntamiento no solo no recibe ningún interés, si no que tiene que pagar anualmente más de 25.000 euros a la entidades bancarias, por lo que,  el único beneficiario del ahorro impuesto por la Ley del PP al municipio de Aguilar, es la banca.

Si la propuesta de la (FEMP) llegase a aprobarse y el Ayuntamiento de Aguilar se acogiese a ella, se podría disponer durante los próximos dos años del 35% del total del dinero ahorrado para financiar proyectos  municipales,   y  el resto del préstamo  lo devolvería el Estado a 15 años con un  interés positivo mínimo del 0,05% anual.

Con este acuerdo el Ayuntamiento tendría ya legitimidad para invertir una cantidad importante del dinero que actualmente se encuentra retenido por ley, y por el resto, no solo no tendría  que pagar a los bancos, si no que, sería el Estado el que pagaría al Ayuntamiento un reducido interés positivo.

Mientras tanto, Gestha ha instado a todos los partidos políticos a “acercar posturas” para financiar de la forma más eficaz “el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras la pandemia”.