Ahora que comienza un nuevo curso escolar, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de señalar algunas diferencias existentes en nuestro país entre la escuela pública y la escuela privada que son dignas de ser denunciadas ante el Tribunal Internacional de La Haya. Vaya por delante que para escribir este artículo he utilizado datos extraídos de “La Iglesia y el sistema escolar”, de Vicenç Navarro.
Vamos a empezar por lo más obvio: en España existen tres tipos de escuelas: públicas (sostenidas con fondos públicos, en torno al 65% de los centros), privadas (sostenidas con fondos privados, en torno al 5% de los centros) y concertados (sostenidos con fondos públicos, en torno a un 30% de los centros). Como los centros privados están financiados con dinero privado, no me interesan lo más mínimo. Es obvio que son centros de transmisión ideológica (de la derechona, se comprende), pero no vamos a entrar a valorarlos.
Las diferencias esenciales se dan entre la escuela pública y la concertada. En general, la escuela concertada (magnífico eufemismo para referirse a un sistema escolar exclusivo pero pagado por todos) recibe a un 30% del alumnado, aunque en las grandes ciudades los datos son completamente inversos (por ejemplo, en la ciudad de Granada). Este 30% del alumnado pertenece, en palabras de Navarro al grupo de población “de renta superior (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta)” mientras que “el 70% restante (clase trabajadora y clase media de renta media y baja) los matricula en la escuela pública.” Primera consecuencia: la escuela española es muy clasista.
Esto, que en principio puede parecer algo inocuo, tiene, en realidad mucha importancia. Como señala Vincenç Navarro en su artículo, es la manera más simple de reproducir la estructura de clases del país. De las escuelas privadas-concertadas saldrán los cuadros de mando de las grandes multinacionales, bancos, legisladores, jueces, militares de carrera, creadores de opinión, científicos, etc. Es decir, los que controlan el cotarro. De la escuela pública, en cambio, salvo honrosas excepciones, saldrán maestros, mecánicos, camareros, carpinteros, vendedores de seguros, sindicalistas, amas de casa, y sobre todo, parados, muchos parados. No hay que ser un lince para darse cuenta de por dónde van los tiros.
Otro dato importante: del treinta por ciento de centros privados-concertados, el setenta por ciento pertenece a la iglesia católica. El treinta por ciento restante, son de carácter laico (cooperativas, etc.) No es de extrañar que la Conferencia episcopal defienda sus negocios con uñas y dientes, teniendo en cuenta el volumen de dinero que se debe mover detrás de estas cifras. Seguimos con los datos: el alumnado inmigrante está matriculado prácticamente al cien por cien en centros públicos, excepto que sea alumnado con un alto poder adquisitivo. Por ejemplo, hijos de deportistas, músicos, o gente por el estilo. Todos los demás, de cabeza a la escuela pública.
Más datos: En palabras de Navarro, tan ciertas como que detrás de un día viene otro, el alumnado de la escuela concertada recibe un 32% más de dinero que el de la escuela pública, ya que el Estado invierte 2.700 millones de euros al año en la concertada. Lo que aún no he logrado entender es el por qué de esta inversión, por muchas vueltas que le doy al asunto.
Y todo este sistema-negocio apoyado por el Partido Popular, Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista Vasco, y sí, como no, el Partido Socialista Obrero Español, entre otros. Por lo que se ve, no son capaces, o simplemente no quieren plantar cara a la iglesia católica para acabar con sus chollos. ¿Y qué conclusión se puede sacar de todo esto? Vincenç Navarro lo dice alto y claro: “La reforma educativa de los gobiernos progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el gasto público en educación, eliminar esa polarización social que está reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta negativamente la calidad del sistema educativo.” Así de fácil. O así de complicado. Según se mire.

Rafael Calero Palma
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