La cuestión de la laicidad del Estado en el debate de los Presupuestos Municipales del año 1871

Editamos una nueva  página de nuestra historia local adentrándonos en la actividad gubernativa del Ayuntamiento de Aguilar a inicios del último tercio del siglo XIX, y más concretamente en 1871. El día 5 de junio de ese año la Corporación Municipal procedió a debatir el presupuesto económico para el ejercicio en curso, debate en el que se pondría de relieve una de las disputas más enconadas en esos momentos históricos de profundos cambios políticos, como era la cuestión de la laicidad del Estado.

La situación socio-política de la España de 1871 se había avivado con el alzamiento militar de la Armada en Cádiz al mando de Juan Bautista Topete, el 19 de septiembre de 1868, que acabaría derrocando a la monarquía de Isabel II. Se iniciaba así un periodo de profunda convulsión política y social que sería conocido como el “Sexenio Revolucionario”.

Tras la salida  de la reina se convocaron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal  en 1869, año en el que se aprueba la primera Constitución democrática de la historia de España. Las discusiones más sustanciales entre los diputados constituyentes se centraron principalmente en dos ejes: la cuestión religiosa y el modelo de Estado.

La nueva Constitución recogía el respeto más absoluto a la libertad religiosa y de culto para los españoles, pero mantenía la confesionalidad católica del país. Respecto a la forma de Estado se discutió entre Monarquía y República, triunfando finalmente la Monarquía, definiéndose como una monarquía constitucional o democrática.

Con la Revolución de 1868 llegaron al poder las fuerzas políticas que representaban no sólo a la burguesía, sino también a sectores populares, de clase media-baja, e incluso del proletariado. El instrumento que permite esa irrupción en la escena política de las nuevas fuerzas es el sufragio universal masculino, ejercitado por los mayores de 25 años,  pero también una mayor concienciación por parte de los sectores populares.

Todos estos avatares los provocaron fundamentalmente los factores económicos-sociales derivados de una crisis económica generalizada; en primer lugar de tipo financiero (por la quiebra de las inversiones ferroviarias) y también de tipo industrial (hambre de algodón en el sector textil) y sobre todo una crisis de subsistencia de tipo agrícola que generaba un descontento generalizado entre la burguesía financiera, burguesía industrial, trabajadores, sectores populares. Todo esto se convertiría en  detonantes revolucionarios.

La nueva Constitución favoreció la descentralización administrativa potenciando el papel de los ayuntamientos y diputaciones, segmentos del Estado en los que también se reflejó, quizás con mayor crudeza que en otros, todos los avatares políticos-sociales que se derivaron del movimiento revolucionario. Los municipios serían los primeros en experimentar  los cambios políticos al establecerse de forma inmediata en los mismos las juntas revolucionarias que los regirían hasta la celebración de las elecciones municipales de diciembre de 1868, tras las que se constituirían las nuevas Corporaciones Municipales, que se mantuvieron hasta la primera proclamación republicana de España en 1873.

Condicionada quizás por los avatares políticos, la nueva Corporación salida del sufragio  universal de 1868 en Aguilar, no hizo frente a la tarea más primordial del gobierno local como era la aprobación de los presupuestos por los que se había de regir la nueva Corporación hasta el día 5 de junio de 1871. Con evidente retraso en el tiempo se celebró la sesión plenaria en la que,  junto al debate económico, se avivaría una de las cuestiones políticas más en boga en ese tiempo, a raíz la aprobación de la Constitución que proclamaba la libertad religiosa, como era el sufragar con los recursos públicos los gastos derivados del culto religioso.

La llegada al Cabildo del pensamiento progresista a través de los representantes de partidos de tendencia izquierdista y marxista, activaría uno de los temas que más polarizó la política decimonónica, como fue la cuestión de la separación entre la Iglesia y el Estado. La  ambigüedad con que se había recogido este asunto en la Constitución, al proclamar ésta el derecho de los españoles a practicar en público y privado otra religión distinta a la católica, y mantener a la vez la confesionalidad católica del Estado obligando a sufragar a  éste el culto y a los ministros de la religión Católica,  generó todo tipo de debates y rivalidades entre los elementos más conservadores que defendían el mantenimiento de la unidad católica en España frente a los que veían como elemento de la libertad ciudadana la separación de los dos poderes.

A la Sesión Plenaria del día 5 de junio asistieron un total de diez ediles encabezados por el presidente Antonio Carrillo, el vicepresidente Juan José de Luque, y los regidores, Gabriel Maldonado, Antonio Pulido Prieto, Rafael de Arcos Aguilar, Antonio Prieto Linares, Rafael Lucena Linares, Antonio Galisteo Martínez, Antonio García Sánchez, y Francisco Doñamayor:   

Reunidos en el salón de sesiones de este Ayuntamiento los individuos del mismo que al margen se expresan bajo la presidencia del señor alcalde primero Don Antonio Carrillo se declaró abierta la sesión para continuar la aprobación del Presupuesto Municipal tenido en  efecto de las partidas y conceptos que a continuación se detalla[i].   

Continua el documento con los distintos capítulos que conformaba la previsión de ingresos y gastos del presupuesto, adentrándonos, con la jerga lingüística de la época, en los distintos conceptos económicos que transcribimos literalmente por resultar bastantes ilustrativos y curiosos. La primera partida se inscribe bajo el epígrafe de Obras Públicas, y en ella se pone de relieve las principales inversiones que tenía previsto realizar el Cabildo ese año. Podemos deducir que se trataban de algunas de las necesidades  más perentorias que presentaba la población:

Fueron aprobadas con destino a reparos de nichos en el Cementerio 500 Pts. Para el camino del Aljamil 450Pts. Para el del Aceituno 200Pts. Para el paso de la cuesta del Cerro Luque modificando su entrada para salir al Llanete de López 250Pts. Por obra construcción de la Fuente de San Antón 625Pts. Y para gratificación del Perito Municipal 160 Pts[ii].         

De  todos los conceptos de inversión podemos resaltar las obras que se realizaron para modificar uno de los accesos al Llanete de Manuel López, y la de mayor cuantía destinada a la construcción de la Fuente de San Antón[iii].  La siguiente partida de gastos se recoge bajo el concepto de correpción pública, y estaba destina para pagar la vigilancia de los campos de los pueblos que conformaban el Partido Judicial de Aguilar:

Quedó fijada la partida de 4.952 Pts, 62 Ctms, distribuida entre los pueblos que conforman el Partido según presupuesto oficial del ramo[iv].  

Fue el tercer capítulo de gastos el que suscitó la cuestión más polémica de la sesión, y como hemos indicado en el título de este artículo  tuvo su epicentro en la cuestión religiosa que había dejado sin resolver el texto constitucional:

Con destino a fiestas de iglesia y después de una votación en la que el señor Carrillo, Luque López, Arcos, García Sánchez, y Galisteo Martín opinaron se consignase cantidad por este servicio contra los señores Maldonado y Prieto que opinaron en contra y señor Lucena que significó que en caso de aceptarse alguna suma esta fuese repartida entre los pobres en vez de destinarse a dichas fiestas de iglesia cuales son: procesión del Corpus, gastos del palma el Domingo de Ramos, jubileo de Santiago y San Roque que hace tiempo viene celebrando el municipio. Se fijó la cantidad de 200Pts[v].     

El escrutinio arrojó una posición clara de la mayoría de  los concejales a favor de mantener el gasto religioso. Aunque desconocemos la filiación concreta de los ediles que participaron en la votación, podemos deducir que los cinco que se mostraron partidarios del gasto se debían encuadrar en los escaños del ala conservadora del Ayuntamiento, perteneciendo los restantes a partidos progresistas, incluso apareciendo posteriormente algunos de estos concejales militando en partidos republicanos. El capítulo de gastos se cerró con las partidas destinadas a la compra de papel para multas 250 Pts, y para imprevistos 750 Pts.

Concluido el apartado de gastos, el presupuesto proseguía con los distintos conceptos y  epígrafes del capítulo de ingresos. En el primero de estos conceptos se recogía las 1.556,70 Pts que producía de renta del reducto de tierras de Propios que aún mantenía el Ayuntamiento tras las distintas Desamortizaciones y ventas con las que se habían esquilmado las más de 2.000  fanegas que llegó a tener el común de Propios (tierras del Municipio) en Aguilar.

A continuación se contabilizó el impuesto de 25 Ctms de real sobre el consumo de distintos productos que arrojaban los siguientes ingresos: aceite y turbios 7.500 Pts. Vino y vinagre 3.125 Pts; aguardiente 125; granos y semillas; 3.121Pts. A estos ingresos se sumaban los 25 Ctmos del derecho de romana aplicado a cada carga de carbón y arroba de carne fresca y salada que se expendía al verdeo o venta pública y procedían de trajinantes forasteros o del pueblo, sumando un total de 750 Pts de ingresos. También se imponía 1,25 Pts por cada carga de dos bultos de pescado  de venta al público con una previsión de  400 bultos lo que arrojaba 500 Pts. Concluía este epígrafe con el producto de la Plaza o mercado Público que según expediente de subasta equivalía a 1.625 Pts.

El siguiente capítulo de ingresos recogía los arbitrios que se aplicaban a la celebración de las Ferias bajo los siguientes títulos: 2,50 Pts por cada puesto de turrón y dulces, tienda de quincalla, mistelerías y buñolerías, 1.50 Pts por los puestos de muñecos, 50 Ctmos por los puestos de garbanzos y frutas y 5 Pts por los juegos de boliches, caballos de madera y otros análogos que se establezcan en las ferias de la villa. Se calculaba un producto total por estos conceptos de 300 Pts.

En el capitulo siguiente se recogía los ingresos previstos en el matadero municipal  regulándose a 7,50 Pts el degüelle de las reses mayores, 3,75 Pts las terneras, entendiéndose por terneras las reses que no pasasen de 50 libras de peso y 1 Pts por red menos, calculándose el total del ingresos en 5250 pts. Por cada cerdo se cobraba 2,50 Pts, teniéndose previsto un ingreso de 2.500 Pts

Otro epígrafe de los ingresos recogía los devengados por el Cementerio Municipal y el Lavadero público. Sobre el primero se calculó un ingreso por venta de nichos de 875 Pts. Y sobre el segundo 125 Pts. Otro de los ingresos fijos correspondía a la cuota que pagaban los demás pueblos del Partido Judicial para el mantenimiento e la Cárcel pública en Aguilar, cantidad estimada en 1.380,76 Pts. Se sumaron a estas cantidades un ingreso de 2.000 Pts por cédulas de vecindad y 500 por rendimiento del papel de multa.

Como probablemente se preveía un déficit en las previsiones de ingresos, recoge el presupuesto un capítulo extraordinario donde se prevé un importante ingreso a través de la venta de varios solares que poseía en el ayuntamiento en distintas calles.

Producto de solares en venta en sitios de la calle Moralejo I, Nueva y Saladilla según aprecio del perito Municipal 1.559, 75pts[vi].

El resumen total del presupuesto arroja un déficit considerable que se solventó con un reparto vecinal según  estipulaba la ley.

De manera que ascendiendo el presupuesto de gastos a 3.9458,87 Pts, y el de ingresos a 35.797,24 resulta un déficit de 3.761,63 Pts, que unidas a las 47.383,98 que asciende el cupo provincial de este pueblo y que a de figurar en este presupuesto, componen la suma de 51.055,61 Pts de déficit que para suplirlo se acuerda tenga efecto un reparto vecinal en la forma que prescribe la ley[vii]

Concluida el acta, se advierte claramente cómo aspectos que podían  haber determinado el que la política recaudatoria tuviese una inclinación más liberal o conservadora, dependiendo de la aplicación de los impuestos directos o indirectos, parece que no tuvo ningún posicionamiento entre los concejales, mientras todo el debate se centró, al menos así  se refleja en el documentos, en el capítulo relacionado con el gasto religioso, precedente directo de una cuestión -la laicidad del estado- que, siglo y medio después, sigue sin resolverse definitivamente.

Antonio Maestre Ballesteros                 

 



[i] Archivo Municipal de Aguilar de la Frontera.  Acta Capitular 5 de junio de 1871. Leg.

[ii] Ibidem.

[iii] Esta fuente fue erigida frente a la ermita de San Antón a mediados del siglo XVIII, por lo que consideramos que las obras que recoge el presupuesto respondieron a una reconstrucción  que debió de producirse en 1871.

[iv] AMA. Acta Capitular 5 de junio de 1871. Leg.

[v] Ibidem.

[vi]Ibid.

[vii] Ibid.