Solo seis municipios han adjudicado casi 800 pisos protegidos utilizando esta herramienta. Palma del Río supera a Lucena en el número de solicitantes de vivienda de protección oficial

El 60% de los que esperan lograr algún día una vivienda de protección oficial tienen entre 35 y 65 años. Ese es el perfil que dibujan los registros de demandantes que hay activos en la provincia –con la capital incluida–, de los que se desprende que “hay una importante parte de la población con más de 35 años y sin vivienda”, según explica el delegado provincial de Obras Públicas de la Junta, Francisco García. En cambio, el 36% de los solicitantes son jóvenes menores de 35 años y solo hay un 3% de personas que sobrepasan los 65.

Esos datos contrastan con los de la capital, donde la proporción es inversa, es decir, un 68% de los demandantes son menores de 35 años. En cambio, hay un 27% de solicitantes sin vivienda con una edad superior, es decir, entre 35 y 65 años; y un 5% con más de 65. Esto indica que las necesidades de vivienda varían entre la capital, donde hay más jóvenes que desean emanciparse, y los pueblos, donde hay más población mayor que no ha logrado aún un lugar para residir. El resto de las variables del perfil tienen mayores coincidencias entre capital y provincia. Así, hay un 39% de solicitantes que desean comprar una VPO, frente al resto que quiere alquilar. Dentro del 61% que prefiere el arrendamiento, un 44% pide el alquiler con opción a compra y un 16% reclama el tradicional. Además, hay un 74% de demandantes que buscan un piso de tres dormitorios. No obstante, en el caso de la capital, el presidente de Vimcorsa, Luis Martín, advierte de que debe haber cambios y “tamizar las peticiones, que los demandantes se decanten por una sola cosa”, ya que lo habitual es elegir varias opciones, lo que, a su juicio, desvirtúa la estadística.

En cuanto a las rentas, los registros dejan en evidencia de nuevo que hay un 58,4% de demandantes que no alcanzan los 18.637 euros anuales –2,5 veces el Iprem–. De ellos, la mitad ganan entre 7.455 euros y 18.637 y la otra mitad perciben menos de 7.455 euros. Con esos indicadores, difícilmente pueden comprar una VPO. En cambio, hay un 20% con ingresos que oscilan entre los 18.637 y los 26.092. Solo un 5,48% perciben entre 26.092 y 33.547; y un 1% cobran entre 33.547 y 41.000 euros, que son los que tienen más posibilidades de adquirir una VPO.

Los dos primeros años de registros, que comenzaron a contar en noviembre del 2009 con la puesta en marcha del pionero, el de la capital, se han saldado con casi 14.000 solicitudes, de las que el 85% –12.065– se encuentran ya baremadas e inscritas, según Obras Públicas. Esta herramienta, que persigue diseñar un tipo de VPO que se adapte a la demanda, está instaurado en todos los municipios excepto en Pozoblanco y El Guijo. La capital concentra el 63% de las solicitudes, con 8.907. De esos demandantes, hay 8.308 inscritos, según los datos facilitados por Vimcorsa. Aparte de la capital, Palma, con 600; Lucena, con 353; Hinojosa, con 242; Aguilar, con 217, Montoro, con 215; y Baena, con 212, son los municipios en los que hay más demandantes de pisos.

En los dos años de vida de los registros, los municipios que disponen de ellos han adjudicado 772 VPO mediante este método desterrando los tradicionales sorteos. La mayoría de ellas, 705, pertenecen a promociones de la capital, tanto de Vimcorsa, que ha promovido el 37% –267 en el Zoco, Mirabueno, María Auxiliadora y otros– como de empresas privadas y cooperativas.

SABEL LEÑA  – Diario Córdoba