El otro día escuchaba estupefacto las declaraciones del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en las que afirmaba que el rey es el principal activo de la democracia española. Oído esto me resulta fácil comprender el estado de inopia en que viven nuestros gobernantes.

En primer lugar, por el afán, casi masoquista, de buena parte de la clase dirigente de defender y justificar a capa y espada las actuaciones de la Casa Real. Entiendo que se pueda ser monárquico, pero eso no tiene por qué suponer una venda en los ojos que impida criticar conductas inapropiadas de personas que, por mor del cargo, han de lucir comportamientos ejemplares.

En segundo, y más importante a mi juicio, por como esta misma clase política ha subvertido el orden de prioridades que debe imperar en una democracia. Si la memoria no me falla, esta palabra de origen griego, que muchos manosean como un mantra y pocos aplican a su vida cotidiana, supone el gobierno del pueblo. Si ello es así, y en ello creemos todos, qué duda cabe de que, independientemente del tipo de régimen que tengamos –monarquía o república- el principal activo de cualquier democracia ha de ser el pueblo Es este, soberano y autónomo, el eje esencial de un estado de derecho; sobre él descansa la autoridad política de una nación; el rey, el presidente de la república, los jefes de gobiernos, los ministros, los políticos, los jueces y magistrados…, todos son unos meros testaferros del poder real de los ciudadanos.

Por esta confusión en el orden de prioridades, entiendo que la clase política se vea abocada a un error de bulto: perderle el respeto al pueblo. Cuando esto sucede, y ahora mismo está pasando, es muy fácil para los gobernantes engañar y vapulear a sus gobernados. Porque, ¿qué si no es lo que viene haciendo el Partido Popular desde que asumió las riendas del poder? ¿No es engaño decir en la campaña electoral que no se van a subir los impuestos y a renglón seguido hacerlo? ¿No es engaño asegurar que no habrá recortes ni en sanidad ni en educación para meter la tijera en ambos ámbitos? ¿No es falsedad presumir de que los pensionistas son intocables y exigirles ahora el pago de las recetas médicas (lo que unido a la carestía general de la vida, supone una merma considerable en su poder adquisitivo)? ¿No es estulticia argumentar que esa subida sólo supone el gasto de cuatro cafés al mes? ¿No es desprecio aprovechar la crisis para desmantelar un estado del bienestar largamente peleado por tirios y troyanos?

De aquellos barros, estos lodos. Cuando realmente se cree que el principal activo de nuestra democracia no es el propio pueblo que la sustenta, la veda para cometer todas las tropelías está abierta. Cuando se malinterpretan los resultados electorales que otorgan una mayoría absoluta con un cheque en blanco para pisotear a los más desfavorecidos, la suerte está echada.

Juan Ramir