Según la nota informativa facilitada a la redacción de este periódico, el Grupo de Concejales  de IU llevará al próximo Pleno Ordinario tres mociones en las que planteará varias cuestiones de actualidad política, con el objeto de que se tomen resoluciones sobre las mismas, una vez que hayan sido debatidas en el Pleno.

Las dos primeras, dadas a conocer ya en la Comisión Informativa, tratan sobre la solicitud a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de un convenio de plazas concertadas para personas dependientes, con el objetivo de dotar con dicho servicio a la nueva Residencia Municipal de Ancianos, y la segunda aborda la anunciada reducción de los Partidos Judiciales, en cuyo informe y estudio se contempla la desaparición del Juzgado de Aguilar.

Una tercera moción, que se presentará por urgencia, aborda la iniciativa de que se articulen las medidas necesarias para que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles.  La Moción se justifica en unos antecedentes, para finalmente proponer la parte resolutiva.

     ANTECEDENTES 

            El déficit que España tiene y la caída de la actividad económica, es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación de dinero negro y por el enorme fraude fiscal existente, todo ello recae, exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre: un agonístico paro, con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, junto a la bajada unilateral de los salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles (IBI) 

Que el RDL 20 de 30.12.11 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, insta a la Corporaciones Locales a una subida del IBI de entre el 4 y el 10%

Esta irregular situación, se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la iglesia católica (que es la mayor poseedora de bienes inmuebles) y otras confesiones.

             El pasado 2 de marzo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el congreso de los diputados hizo una serie de preguntas en las que, entre otros puntos concretos, interrogaba al Gobierno del PP si tenía previsto seguir el ejemplo de Italia, donde recientemente se ha acordado que la Iglesia pague el IBI por sus bienes inmuebles; También nos interesamos por las medidas del Gobierno para terminar con los privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación de la Comisión Europea. 

             La respuesta escrita del Gobierno del PP fue: “tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deben girar el correspondiente impuesto y la iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente”.
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone para su acuerdo por el  Pleno municipal la siguiente

 

MOCION

 

1.- El Ayuntamiento de Aguilar  solicita al Gobierno de España que revise el acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979 con respecto del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizadores y centros de enseñanza religiosa.

2-Que se haga un censo, en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines. 

3- Analizar y estudiar el conjunto de beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales al objeto de determinar su viabilidad futura y en todo caso adaptarlos a la realidad actual dado que muchos de ellos fueron regulados hace mas de dos décadas con

una situación social y económica muy dispar a la existente en la actualidad. 

4-Que se inste a las Cortes Generales que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades jurídicas.