Raro es el día en que algún miembro de la Iglesia en España (la única que se autodenomina así sin especificar que es católica) no la emprende contra las mujeres por el hecho de abortar. Para esa institución religiosa se trata de un tema mayor en el que no piensa transigir ni ante ajenos a su doctrina, ni ante consideraciones científicas, ni ante decisiones democráticas de la sociedad civil.
Cual auténticos empecinados en posesión de la Verdad Absoluta, pretenden imponer sus creencias al conjunto social y que se legisle en función de sus especulaciones metafísicas. Andan obsesionados en salvar España de la “agresión” laicista que acompaña al racionalismo, la educación crítica y la libertad sin tutelas.
Y no dudan, día sí y día también, en manipular palabras y conceptos para, no sólo influir en ámbitos que nos les corresponden, sino amedrentar a las “atemorizadas” almas que los escuchan entre asombro e indignación.
Se turnan. Ahora le ha tocado al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, salir a la palestra para declarar que el aborto en este país ha sido “un holocausto silencioso” y que desde 1985, en que se despenalizó esta práctica en determinados supuestos, se han producido “dos millones de abortos, más muertes que en la Guerra Civil”.
Es decir, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, el señor obispo, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, compara los muertos de la guerra fraticida española con el aborto, equiparando al embrión con un ser nacido, desarrollado y asesinado precisamente en nombre de una “cruzada” santificada por la misma Iglesia que monseñor representa.
Es insufrible el empeño clerical por criminalizar y “pecaminizar” decisiones legítimas y perfectamente acordes a criterios democráticos, científicos y sociales que adecuan leyes a los comportamientos asumidos, como es el caso del aborto.
Puede comprenderse que se pretenda influir en creyentes que voluntariamente aceptan los preceptos de la religión que profesan, pero es de todo punto inaceptable que se pretenda imponer a toda la sociedad pautas de conducta conformes a tales creencias. El ámbito de las creencias es individual, pero las decisiones sociales son democráticas y las adoptan quienes representan la soberanía popular.
Mantener una campaña permanente contra decisiones políticas que incumben a la sociedad civil es una deriva autoritaria de la Iglesia Católica en España que, más allá de velar por el cumplimiento de sus reglas entre los fieles, procura conservar privilegios y posiciones de fuerza que incomprensiblemente aún detenta en el país.
Si su interés fuera verdaderamente la vida de las personas, monseñor Reig Plá estaría clamando contra los muertos de Ceuta, las mujeres víctimas de la agresión machista, los expulsados de la sanidad por motivos económicos y que empiezan a fallecer sin la debida atención médica e incluso por los muertos que aún permanecen en las cunetas y fosa comunes y de los que este Gobierno tan católico no mueve un dedo para que sean enterrados como el Dios de monseñor manda: devueltos a sus familiares para recibir cristiana sepultura.
Pero no. El señor obispo prefiere hacer “cruzada” contra la libertad de la mujer y su derecho al aborto. Prefiere tildar a la mujer de “nazi” por el “holocausto” del aborto en vez de pedir perdón por pasear bajo palio al mayor asesino que emprendió una guerra civil en este país y se mantuvo en el poder condenando a muerte a sus oponentes.
Aquello, como dirían sus correligionarios ideológicos, pertenece al pasado, y ahora hay que mirar al futuro. Parece que ese futuro consiste en impedir que la sociedad se libere de las tutelas que coartan su libertad. Y a ello se entrega en cuerpo y alma la Iglesia en España. Católica, naturalmente. MONTILLA DIGITAL
DANIEL GUERRERO
