En la noche de ayer jueves se celebró en el Ayuntamiento la Sesión Plenaria del mes de octubre, que contó con un amplio Orden del Día, en el que los puntos a tratar se relacionaban mayoritariamente con cuestiones económicas y financieras. Entre todos los puntos destacaron dos: Las Ordenanzas Fiscales y un Expedite de Baja por Depuraciones.
Tras el debate de las ordenanzas, en el que todos los portavoces intervinieron en sus respectivos turnos, se puso de relieve la casi unanimidad alcanzada por todos los partidos, todos menos UPOA, para fijar como postura consensuada el congelar las mismas sin que se suban ni bajen.
Sí se aprobaron, con referencia a este tema, varios puntos relacionados con bonificaciones que se introducían en algunas ordenanzas, como la de los vehículos mayores de 25 años, a los que se les bonificará el 100% la tasa municipal, y la ampliación de bonificaciones al impuesto de obras en un 95%, a las que se realicen para la eliminación de barreras arquitectónicas en bloques de viviendas o edificios particulares que reúnan los requisitos para declarase de interés social.
Sólo UPOA planteó bajar algunas tasas, propuesta que fue calificada por los demás grupos como electoralista, ya que no contaba con el informe positivo de Intervención, y porque podía poner en peligro la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.
El tema estrella de la noche fue sin duda el Expediente de Depuración de Saldos Contables, con el que, según manifestaron los distintos portavoces, se ponía fin a la historia más nefasta del periodo democrático en Aguilar, ya que con esta medida se cerraba definitivamente la barbarie que se cometió en este pueblo entre los años 1986 a 1995, periodo en el que gobernó el Ayuntamiento el alcalde socialista Rafael Leiva Rosa.
Con la aprobación del expediente de depuración, se regularizan definitivamente las cuentas del Ayuntamiento, y se hace con el reconocimiento que hay aún 3 millones de euros gastados en ese periodo, que no se pueden habilitar presupuestariamente porque carecen de justificaciones. En una palabra, según señalaron los concejales, donde debería haber 3 millones de euros, solo hay papeles que carecen de validez para justificar el gasto de los 3 millones de euros. Este reconocimiento, por el contrario, permite que el Ayuntamiento pueda disponer, a partir de ahora, de otros 6 millones de euros que estaban retenidos en dicha cuenta bancaria, y que se han ido acumulando durante los últimos años por las liquidaciones positivas del presupuesto, pero que no se podían gastar hasta que no se regularizase la situación jurídica de los 3 millones malversados,
El punto fue aprobado por unanimidad, coincidiendo todos los portavoces en señalar, que lo hacían por el bien del pueblo, pero que no se responsabilizaban del daño que el PSOE hizo a los ciudadanos de Aguilar durante aquel periodo. También hubo un recuerdo para los dos alcaldes, Carmen Flores y Francisco Paniagua, ya que durante sus mandatos se consiguió sacar al pueblo de la ruina que le provocó el alcalde Rafael Leiva.
Otro de los Puntos aprobados por unanimidad fue el del nuevo Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad, que viene a sustituir al que regía actualmente, fechado a finales de la década de 1960, por lo que se consideraba que estaba totalmente desfasado. Todos los Grupos coincidieron en resaltar que el nuevo reglamento permitirá realizar expedientes más completos y con mayores garantías para el otorgamiento de reconocimientos públicos en las distintas modalidades que recoge el propio reglamento, marcando además las diferencias de distinciones según el expediente que se tramite: Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, Medalla de la Ciudad, Otorgamiento del nombre de una calle, etc.
Otro de los temas importantes de la noche, y cuyo punto cerraba el Orden del Día, fue el relativo a la prórroga del contrato de prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, punto en el que el Ayuntamiento Pleno acordó que dicha concesión se dé por concluida en el momento mismo que se otorgue la nueva concesión, y no haya que esperar los dos meses de prorroga que está prevista si no se licita el servicio nuevamente antes del 31 de diciembre.
