Se cumplen 10 años desde la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ratificada en un referéndum de insatisfactoria participación, en un año, el de 2007, de burbuja inmobiliaria a punto de explotar, y una Andalucía de aparente fiesta a pesar de que en pleno boom especulativo de la construcción el paro estaba por encima del 12%. El ladrillo inundaba costas, pueblos y ciudades que crecían y crecían, el dinero y el crédito fluían sin límites y pocas voces –la nuestra una de ellas y con valentía- alertaban de lo que estaba por venir, advertían –advertíamos- de que el modelo especulativo centrado en la construcción y en la trampa del crédito sin límites nos llevaba a un callejón sin salida. Se nos calificó de aguafiestas, en la forma más diplomática. Clamábamos en el desierto frente al espejismo neoliberal, pero clamábamos con razón y razones.
Diez años después del 18 de octubre de 2007, noveno año de la crisis, nos encontramos con más de un millón de parados, un 40% de la población en riesgo de pobreza, deterioro continuado de los servicios públicos, los desahucios siguen y la precariedad se configura –eso pretenden- como el nuevo orden laboral.
Nos las prometíamos felices con la reforma del Estatuto –extraordinario trabajo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con los queridos Concha Caballero y Antonio Romero de forma destacada- en un texto audaz en su redacción, avanzado en sus pretensiones sociales e innovador especialmente en la definición de competencias de los Ayuntamientos.
Veamos: “Toda la riqueza de la Comunidad Autónoma, en sus distintas formas y manifestaciones, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” (art. 156). Pareciera a la luz de lo sucedido, lejos del espíritu de sus redactores, al interés general del capital: Del fondo de capital riesgo al que malvendemos el aceite salido de aceitunas recogidas a destajo y a precios irrisorios para subsistir fuera de campaña –excluída la mujer del tajo en los últimos años-; de los monopolios que esquilman nuestros suelo y agotan a miles de mujeres en la cadena del manipulado o en las habitaciones de los hoteles. O de quienes quieren convertir a Doñana en almacén de gas y nos devuelven a la tarea de salvar Doñana: los mismos que acogotan a las familias con las facturas de la luz subastada a puntas de consumo.
Sigamos: “La política económica de Andalucía se rige por los siguientes principios: el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo, la cohesión social, la creación y redistribución de la riqueza” (Art 157). El vaciamiento de los objetivos estatutarios es chocante: los únicos principios que rigen son los de la UE, del FMI y del Banco Central Europeo: Pagar la deuda –la legítima y la ilegítima-, reducir el déficit, flexibilizar el trabajo hasta decir basta.
Y mientras tanto una Andalucía arrastrada por el principio del actual gobierno andaluz que vincula su alianza estratégica a una mentalidad clientelar que convierte derechos en favores. Pero afortunadamente va menguando: hay una Andalucía creciente que no se resigna y que lucha, que se organiza y teje redes de lucha, de movilización y de reivindicación, que llena la calles y clama contra recortes y precariedades, y que ha salido de manera permanente –hilo formidable de dignidad en la lucha- y saldrá a la calle el próximo 28F a reclamar pan, trabajo, techo y dignidad.
ANTONIO MAÍLLO, COORDINADOR GENERAL Y PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE IULV-CA
