La ordenanza contra la sequía en la provincia de Córdoba entra en vigor: estos son los recargos en la factura por exceso de consumo

Habrá restricciones, un control exhaustivo sobre las piscinas y recargos en las facturas si se superan los umbrales del consumo habitual. La ordenanza provincial reguladora de medidas excepcionales por la sequía entra en vigor este jueves, 20 de octubre, con un amplio paquete de medias, desde campañas de concienciación hasta sanciones económicas, que la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación de Córdoba, empieza a aplicar desde este momento.

¿Cómo lo hará? La empresa pública Emproacsa, encargada de hacer llegar el agua a los municipios cordobeses y en la mayoría de ellos, también de la gestión del ciclo integral, aplicará «limitaciones y restricciones» en casos como el actual, en que está declarada la situación de emergencia por la falta de agua.

Estos recortes afectan al riego de jardines, árboles, zonas verdes y deportivas, tanto públicas como privadas; a la limpieza viaria; al llenado de piscinas particulares y públicas, así como a fuentes y estanques, e incluso a la limpieza de vehículos privados en instalaciones ubicadas en gasolineras, centros comerciales o garajes cuando se utilice «agua de la red de abastecimiento». Es decir, adiós a lavar el coche el domingo con la manguera.

La Diputación se reserva asimismo el derecho a «imponer restricciones al consumo» y a «interrumpir el suministro de agua» durante las franjas horarias «que se determinen», por una duración «no superior a 24 horas».

Recargos para los consumos «excesivos»

También puede marcar «objetivos de ahorro», y los consumos que superen estos límites se considerarán «excesivos» y se les aplicarán las «medidas de desincentivación» que también aparecen recogidas en la ordenanza. ¿En qué consistirán? La factura llegará con «recargos», que empiezan con el 50% aplicado al volumen de agua que exceda el umbral considerado normal y puede llegar al 100% en el caso de que se acredite un derroche de líquido.

La normativa distingue entre suministros con uso doméstico, organismos oficiales y particulares en alta. Tanto las instituciones públicas como los hogares no podrán superar los 30 metros cúbicos al trimestre (en el caso de que haya más de cuatro convivientes, se otorgan nueve metros cúbicos extra por persona de más). En cuanto a los suministros con uso industrial o comercial, se tendrá en cuenta el gasto del mismo periodo del ejercicio anterior o la mediad de los últimos tres años. La ordenanza avisa de que los recargos serán de aplicación desde la fecha en que se haya efectuado la declaración de emergencia por sequía, y se prorrateará con relación al trimestre facturado.

Para velar por el cumplimiento de la nueva normativa, la empresa pública implementará medidas de control. Esto consistirá, básicamente, en la instalación de dispositivos limitadores, que se pondrán «a costa del usuario». En el caso de los llamados grandes consumidores -clientes cuyo consumo trimestral supere los 500 metros cúbicos-, será obligatorio disponer de un contador telecontrolado, también «a cargo del cliente». El plazo para disponer de este mecanismo será de un mes a partir de la publicación de la normativa.

Las piscinas serán objeto de un mayor control, y se creará un censo provincial de todas las instalaciones, incluidas las unifamiliares. Los propietarios deberán realizar ensayos de estanqueidad y control de fugas con periodicidad anual. Las piscinas de nueva construcción y las sometidas a reforma deberán contar con un certificado de estanqueidad que emitirá el constructor o el fabricante; todas estas, además, deberán incorporar una instalación para la aplicación de un tratamiento físico y químico para la reutilización del agua para usos distintos del baño.

Las piscinas ya existentes disponen de un plazo máximo de cuatro años para su adaptación total. En caso de incumplimientos y en situaciones de sequía, Emproacsa podrá restringir el llenado o el vaciado. Y otro pago a costa del contribuyente: el coste de las visitas efectuadas por personal de Emproacsa o por una empresa especializada para fiscalizar que se cumplen las exigencias será abonado «por el titular de la piscina».

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