La Consejería de Salud ha evitado que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar unos 34,6 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia. Esta medida, impuesta por el Gobierno central hace un año, obliga a los pensionistas a pagar entre el 10% y el 60% del coste de sus tratamientos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8,14 y los 61,08 euros dependiendo de la renta, y establece que el usuario abone y después solicite un reintegro de los gastos si se superan los límites mensuales. Según la Junta, “en Andalucía, gracias a la receta electrónica, los pensionistas no tienen que solicitar dicho reintegro, ya que el sistema de Receta XXI permite cobrar solo hasta los umbrales máximos fijados por el ministerio, evitando así que los ciudadanos tengan que adelantar dinero por la compra de sus fármacos. La estrategia digital Diraya, sobre la que se desarrolla la receta electrónica, permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
Diario Córdoba
