Aguilar, como pueblo menor de 20.000 habitantes estaría entre los más perjudicados por la reforma local aprobada por el PP

 La reforma local supone el desmantelamiento de la democracia en pueblos y ciudades y conlleva la pérdida de 40 mil empleos en Andalucía
Ante el anuncio del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Proyecto de Ley para la reforma del régimen local, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo ha advertido que, de llevarse a cabo tal y como la plantea el Gobierno central, “supone el desmantelamiento de la democracia local en nuestros pueblos y ciudades” lo que se traduce en “menos servicios públicos, menos empleo, menos derechos y menos democracia”.

Para el máximo responsable de IU en Andalucía, “con este proyecto el Gobierno pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerían, especialmente los servicios de proximidad como los servicios sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género”.

Según cálculos de la organización, la desaparición de estos servicios implicaría además la pérdida de más de 40 mil puestos de trabajo en Andalucía y 200 mil en el conjunto de España.

Para Maíllo, este proyecto de ley “es aún peor que las propuestas anteriores del Gobierno” y señala que “las diputaciones ganan más poder, se promociona la fusión de municipios con la consecuente pérdida de servicios y se interviene unilateralmente a los ayuntamientos con problemas económicos”.

Por estas razones, desde Izquierda Unida de Andalucía se pide al Gobierno central que retire una reforma local que “nace deslegimitada y sin acuerdo” y recuerda que “cualquier reforma debe partir del diálogo político e institucional, afrontando aspectos claves para el municipalismo como una justa financiación local”.

Maíllo ha advertido que Izquierda Unida seguirá “plantando cara” a la reforma local del PP promoviendo movilizaciones ciudadanas, defendiendo la democracia local, los servicios públicos y el empleo desde la calle y las instituciones. El proyecto de ley pasará a un trámite parlamentario que durará probablemente de septiembre y noviembre, “momento clave para que la ciudadanía dé una respuesta de rechazo y protesta a este nuevo recorte del PP” ha concluido. 

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