Cortés reclama a los bancos que paralicen los desahucios y se sumen al Programa Andaluz

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha mantenido recientemente una reunión con representantes de once entidades financieras para reclamarles que paralicen los desahucios en la comunidad autónoma “con carácter urgente” hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el levantamiento o no de la suspensión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.A juicio de la consejera autonómica, la norma aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz es “una herramienta que estaba protegiendo de manera eficaz un derecho humano sistemáticamente vulnerado, según denuncia incluso la ONU”, pues “protegía el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andalucía”.
“El recurso presentado por el presidente del Gobierno ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a incontables familias en Andalucía. Ante situaciones excepcionales, como la suspensión de este Decreto Ley, es urgente adoptar soluciones igualmente excepcionales”, señaló la consejera, que resaltó “el firme compromiso del Gobierno andaluz de continuar defendiendo con toda su fuerza democrática el derecho a la vivienda”.
La consejera insistió en que el Decreto Ley “protegía el derecho a la vivienda de incontables familias en Andalucía, que ahora han quedado en situación de desprotección”. Cortés citó las 18 familias acogidas a la expropiación temporal del uso de las viviendas que les habían sido embargadas, cuyos desahucios habían sido evitados gracias a la norma; a las cientos que habían solicitado beneficiarse de esta medida en los primeros tres meses en vigor de la misma; y en general a “todas las personas en proceso de desahucio” en Andalucía.
“El Decreto Ley servía, era eficaz y protegía el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andalucía, porque ejercía un efecto disuasorio sobre las entidades financieras”, indicó Cortés, quien alertó que, al estar en suspenso la norma, “es radicalmente injusto que se sigan produciendo desahucios en Andalucía”.
A la reunión también acudieron Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y Antonio Ibáñez, director general de Vivienda, así como representantes del Grupo Santander, Caixabank, Unicaja, BBVA, Banco Sabadell, Cajasur, Caja General de Ahorros de Granada, Cajamar, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Caixanova Galicia y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como “banco malo”.
Cortés instó a las entidades financieras presentes a adherirse mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, “una herramienta útil que lleva frenando desahucios desde octubre en todas las provincias”.
La consejera hizo hincapié en el “enorme valor político” que tiene el hecho de que 215 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se hayan adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. “Este bloque político e institucional contra los desahucios, que está dando un excelente resultado, se vería enormemente fortalecido por la adhesión de las entidades financieras”, remarcó Cortés, quien concluyó afirmando que “no vamos a arrojar la toalla. Y entendemos que todos, también las entidades financieras, deben estar a la altura de unas circunstancias críticas y extraordinarias”.