El anteproyecto de reforma del Código Penal cumple la aspiración de ganaderos y agricultores de la provincia de endurecer las sanciones
Dos acontecimientos facilitan desde la pasada semana la mejora de la seguridad en el campo, uno de los problemas más acuciantes que sufren actualmente los agricultores y ganaderos de Andalucía; y entre ellos, los de Córdoba, donde este sector sigue teniendo un peso fundamental en su economía. Así, por una parte, el consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal que, entre otras novedades, recoge una vieja demanda del campo: la desaparición de la falta de hurto que dejaba prácticamente sin pena y en la calle a muchos de los ladrones que operan en el campo.
Por otra parte, Asaja tiene prácticamente ultimado un acuerdo con la Policía Nacional por el que podrá ser la propia organización agraria la que tramite las denuncias, con lo que se pretenden fomentar dichas denuncias que ahora no se realizan por la desconfianza en sus resultados.
Desde Asaja-Córdoba, en abril del presente ejercicio se reconocía que los profesionales del campo estaban «aburridos» y no denunciaban. «Sienten que denunciar sólo les trae quebraderos de cabeza y luego no tiene consecuencias para el ladrón», reconocía el secretario general en la provincia de esta patronal, Carlos Molina.
Esa actitud implica que no se conozca la dimensión real del problema. Por ello, desde Asaja-Córdoba se incitaba a agricultores y ganadores a acudir siempre a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Recordaban que la gravedad de una practica delictiva se mide por los casos denunciados. Sin dichas denuncias, reconocían, es más complicado que las Administraciones actúen contra los robos en el campo.
La reforma del Código Penal también tendrá sus efectos ya que entre otras novedades considera agravante del delito el robo de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones, algo sumamente frecuente en el campo y que causa graves perjuicios a los agricultores, incluso por encima del valor de lo robado.
El nuevo texto legal suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros. Asimismo, dice que «para ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso, en los casos más graves, de entre dos y cuatro años».
Actualmente, el Código Penal establece una diferencia importante en la calificación de delito o falta que viene marcada, según fuentes de los servicios jurídicos de Asaja, por la cifra de 400 euros. Así, si lo robado está valorado por encima de 400 euros, hay una pena de prisión de entre 6 y 18 meses. Si no llega a los 400, no hay pena y se impone una «localización permanente de 4 a 12 días o una multa de uno a dos meses». Con la reforma sería delito en cualquier caso y dependiendo de la gravedad del mismo, las penas irán de entre uno a tres años o bien en los más graves de dos a cuatro años.
Estas modificaciones del Código Penal eran una demanda antigua de Asaja-Córdoba. De hecho, en abril, ante el hecho de que los robos se hubieran convertido en un problema cada vez más grave en las explotaciones de la provincia, la patronal optó por crear una sectorial de Seguridad para aportar soluciones a un problema preocupante y que sembraba el miedo en las explotaciones.
Plan de la Guardia Civil
Cuando apenas si había echado a andar este foro, en Asaja-Córdoba ya tenían clara una de las solicitudes de agricultores y ganaderos: que se pudiera cambiar la normativa para que fuera más dura.
De la dimensión del problema da idea el balance que realizó la Guardia Civil de la pasada campaña de aceituna en Córdoba. Dentro de su plan de lucha contra estos delitos, en los tres primeros meses de 2012 recuperó más de 26,5 toneladas robadas y se imputó a más de 150 personas.
Recientemente, el 28 de septiembre, miembros de la citada sectorial de Seguridad, ante el próximo inicio de la campaña de recolección del olivar, se reunieron con la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.
Según informó Asaja-Córdoba, los asistentes expusieron la «situación de inseguridad» que se vive en el campo y que en los últimos años se han incrementado los robos en cortijos y explotaciones agrícolas y ganaderas. Estos delitos, siguió la patronal, suponen daños materiales y patrimoniales que «afectan seriamente a la rentabilidad» de las fincas.
Noticia del ABC
