A iniciativa de la Secretaria General de Consumo, Lola Muñoz, el Vicepresidente de la Junta y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado durante su última comparecencia parlamentaria la redacción de la “Ley de protección de Consumidores de Productos Hipotecarios de Andalucía”.
Es la reacción política de la izquierda ante el drama social de los desahucios que es, junto con el desempleo, la cara más dura de la actual crisis económica y financiera. Este drama tiene su origen en la política de suelo y el modelo basado en la construcción que puso en marcha en 1998 el Gobierno de José María Aznar, a partir de la ley del Suelo 6/1998.
Esta política generó una burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y que fue el inicio de esta larga crisis de sistema que padecemos. Ningún Gobierno reaccionó ante esta situación. Centenares de miles de familias entraron en un sistema perverso de hipotecas que, como recogen las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane KoKott, la Ley española hipotecaria viola la directiva europea 93/13 de la UE al introducir cláusulas abusivas por parte de la banca y cuyo incumplimiento generan el desalojo forzoso.
La actual Ley Hipotecaria (de 1946) es la clave del perverso sistema actual y sin su modificación a fondo por parte del Gobierno Central (el competente en esta materia) es imposible dar una respuesta definitiva al drama del desahucio. Con esta nueva ley que propone Diego Valderas, el Gobierno de la Junta de Andalucía deja la NEUTRALIDAD y se pone al lado de los 8.5 millones de consumidores andaluces que se pueden ver afectados por malas prácticas de la banca a la hora de suscribir una hipoteca para una vivienda o para montar un pequeños negocio.
La nueva Ley de Protección de los Consumidores andaluces es una ley de futuro para evitar que muchos otros ciudadanos sean víctimas de unos productos financieros hostiles y que incumplen el derecho al acceso a una vivienda que recoge la Constitución o la normativa Europea.
Por eso nos rebelamos contra el actual estado de las cosas y apostamos por la intervención de los poderes públicos, para que estos sean sinónimo de la defensa de los más débiles, para amparar a la mayoría social frente al insaciable apetito de los mercados
