La Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés (IU) aplica la racionalidad económica, social y medioambiental a la planificación de las infraestructuras en Andalucía. La fórmula de colaboración público privada (CPP) aplicada a un total de tres tramos repartidos entre las autovías Inalloz-Darro, Almanzora y Olivar, tramos que suman 91 kilómetros de longitud total, supone para las arcas públicas andaluzas una onerosa hipoteca. Los números cantan. Con la fórmula de colaboración público-privada, tendrían que salir hasta 2044 casi 3.600 millones de euros de las arcas públicas para pagar estos 91 kilómetros de autovía. Esto supone el cuádruple de lo que costaría con el pago con fondos propios, algo menos de 900 millones de euros. La diferencia es completamente excesiva.

 Resulta del todo lógico y coherente que la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés se haya mantenido firme y haya anunciado que, manteniendo el compromiso de la Junta con estas infraestructuras, está buscando fórmulas de financiación más adecuadas. En plena crisis y con un horizonte financiero incierto, la Consejería de Fomento y Vivienda está estableciendo sus prioridades en función de criterios social, económica y medioambientalmente sostenibles, apostando por la inversión en vivienda y en transporte público colectivo.

 

El Partido Popular, brazo político de las grandes constructoras, defiende esta fórmula de colaboración público privada con el mismo encono con el que el Gobierno central asfixia las cuentas andaluzas. Y a la vez, en un increíble ejercicio de cinismo, el PP pide a las administraciones que hagan “como buenos padres de familia y no gasten más de lo que tienen”. ¿Eso es lo que el PP entiende por austeridad, pagar 3.600 millones de euros por 91 kilómetros justo ahora que, en plena crisis, están cayendo los desplazamientos por carretera? ¿Eso es lo que entiende por rigor en las cuentas públicas? El gran argumento del PP en defensa de este modelo es que la construcción de carreteras “genera empleo”. Quizás la derecha ignora que el ratio de autovías por habitante en Andalucía es mayor que la media europea y que países como Alemania y Francia, con tasas de desempleo mucho más bajas. La salida de la crisis y la creación de empleo no están en la construcción de más y más carreteras.

Más números. Los casi 3.600 millones de coste final para la Consejería de Fomento y Vivienda de estos tres tramos equivalen a algo más de un tercio del presupuesto anual previsto por el Ministerio de Fomento para los próximos años en todas sus políticas y en el conjunto del territorio español, de acuerdo a la previsión económica del Gobierno. Es absolutamente desproporcionado.  El único agente que gana con esta fórmula de financiación y sus requisitos son, cómo no, las entidades financieras que deben aportar los créditos a las concesionarias u operadores, con unas condiciones y costes financieros cada vez más cuantiosos, que revierten al final en el pago de la Administración al concesionario: es decir, en el contribuyente. El ciudadano es al final el gran pagador de este modelo. Y la ganadora, la banca. Porque en el actual contexto económico, tanto desde el punto de vista de las mayores exigencias en materia de restricciones presupuestarias a corto-medio plazo, como desde la óptica de las actuales condiciones del mercado financiero (crédito cerrado o con intereses elevados), la fórmula de CPP ofrece más desventajas que ventajas. Porque no es una fórmula complicada sólo para la Administración, sino también para las empresas, sobre todo para las medianas y pequeñas, que quedan totalmente fuera de juego.